En la continuidad del proceso de deliberación y diálogo impulsado por el gobierno provincial, el jurista Lucas Arrimada brindó una conferencia sobre la temática.

“Sin garantías constitucionales no hay justicia ni gobierno sino que impera la “ley de la selva”. Las constituciones nacen, como idea, para protegernos de la arbitrariedad del poder”, afirmó el experto, quien trazó una mirada desde la perspectiva nacional y del derecho público provincial de cómo está expresado en las constituciones el tema de la seguridad ciudadana.

“La aparición de las policías privadas, de las policías municipales y la relativa autonomía de todas las policías provinciales y federales junto a la aparición de otras fuerzas no policiales en lo que se denomina “la lucha contra la inseguridad” requieren una política democrática y participativa proyectada desde la Constitución para la sociedad”, advirtió Arrimada. En tal sentido, señaló que “para brindar mayor seguridad democrática, una política puede comenzar con una cláusula que ofrezca pautas claras y contundentes de corto plazo para la transformación de la fuerza policial al servicio de la comunidad y al respeto de los derechos de todos”.

“Así -sugirió- el poder político debe estructurar formas para la designación de los funcionarios de policía y debe implicar la mayor cantidad de voluntades políticas al efecto”. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que la designación del jefe de la policía se realice a través de audiencias públicas de selección, “buscando consenso en el ámbito más democrático y participativo”.

También señaló que las constituciones podrían contener una cláusula sobre las fuerzas de seguridad con la finalidad de: precisar sus límites y objetivos principales como garantes de los derechos humanos; establecer un control civil y democrático; abrir canales de participación social en su interior; fijar altas prioridades de formación profesional que sean acompañadas con salarios acordes; capacitación constante e incentivos para investigar delitos complejos; diseñar auditorías internas y externas reforzando políticas anticorrupción; fomentar la descentralización y transparencia operativa; diagramar controles sobre su poder y funcionamiento al tiempo que mejorar su interacción coordinada con el sistema judicial.

Arrimada es investigador y profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Previamente, al presentar la actividad, el director de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando, subrayó que “las respuestas políticas y legislativas a la inseguridad normalmente han sido espasmódicas y tendientes a aumentar las penas sin relacionar el problema desde el Estado de derecho”. Por tanto, “importa un tratamiento serio y responsable de la seguridad ciudadana desde una perspectiva democrática, respetuosa de los derechos y garantías constitucionales, especialmente en momentos en que la provincia de Santa Fe impulsa la reforma de la Constitución Provincial”. En tal sentido, Blando consideró que “la nueva Constitución debe dar cuenta del tema y esbozar incluso un diseño institucional que contemple principios generales sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad provinciales”.

La actividad contó con la presencia de Juan Carlos Zabalza, asesor del gabinete del gobierno de la provincia de Santa Fe; los funcionarios del Ministerio de Seguridad Ángel Ruani, secretario de Seguridad Comunitaria; María Florencia Blotta, subsecretaria de Estudios Técnicos; David Reniero y Griselda Argañaraz, de la secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad; Pedro Favorito, de la secretaría de Análisis; María Luján Correa, subcomisario de Extensión Comunitaria del Instituto de Seguridad Pública; María Elena Martín, subsecretaria de Asuntos Institucionales del Ministerio de Justicia y DDHH; Carlos Saba, de la Federación de Entidades Universitarias de Santa Fe (Fepusfe); estudiantes y docentes universitarios; y cadetes del Instituto de Seguridad Pública (Isep).